Aprueban la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal

Una de las principales medidas de la normativa es la limitación de los pagos en efectivo a cantidades inferiores a 2.500 euros. Además, dan luz verde a aplicar sanciones de hasta 10.000 euros si el contribuyente no declara las cuentas en el extranjero

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de la Ley de lucha contra el fraude fiscal que contempla  la prohibición de los pagos en efectivo de operaciones iguales o superiores a 2.500 euros en las que intervenga un profesional. Una cantidad que aumentaría hasta 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente. La mayoría de las medidas que integran el anteproyecto entrarán en vigor el próximo año.

Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el objetivo de esta nueva normativa es el de alcanzar la igualdad y la equidad de los contribuyentes a la hora de pagar impuestos y evitar que ningún ciudadano eluda sus obligaciones fiscales. La vicepresidenta aseguró en rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, que quienes incumplan esta limitación se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo.

La intención del texto legal es el dotar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de las herramientas necesarias para erradicar la “economía sumergida”,  según declaró hace unos días el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Hacienda  ha manifestado su confianza en que las nuevas medidas lleven a los contribuyentes a ajustarse a esta normativa y evitar así el fraude fiscal.

Otra de las medidas que incluye la iniciativa implica que los contribuyentes tendrán que informar, a partir de ahora, de todos los bienes que tengan en el extranjero. Esta legislación establece que las deudas fiscales vinculadas con cuentas en el extranjero no prescribirán, por lo que la Agencia Tributaria podrá liquidarlas independientemente de tras ser detectadas. El Gobierno ha fijado este viernes una multa mínima de 10.000 euros para los contribuyentes que no declaren dichas cuentas, a los que se sumarán5.000 euros por cada dato que el ciudadano no comunique.

Asimismo, el proyecto incluye modificaciones que afectan a los empresarios incluidos en el régimen de módulos –una gran mayoría de ellos profesionales autónomos- puesto que se excluirán de la estimación objetiva aquellas entidades empresariales con un volumen de rendimientos superior a 50.000 euros al año, siempre  y cuando se facture menos del 50% de sus operaciones a particulares. Según anunció Sáenz de Santamaría, entre estas actividades se encuentran la albañilería, la fontanería, la carpintería y el transporte de mercancías por carretera. Esta medida está íntimamente relacionada con la lucha contra el fraude en el IVA.

La vicepresidenta del Ejecutivo adelanta que se endurecerán las sanciones por poner trabas a las investigaciones tributarias. En el caso de aquellos contribuyentes que desarrollen actividades profesionales, las multas rondarán entre 3.000 y 600.000.

Reacciones

La secretaria general de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, consideró  este viernes –en su ruta de reuniones con empresarios y sindicatos de Jaén- que “lo lógico es combatir el fraude fiscal y no hacer regalos a los defraudadores” de acuerdo a una legislación que califica de “impresentable”. Una opinión muy diferente ha expresado la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), que ha asegurado de la aprobación del proyecto que es “necesario”. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha declarado que “la economía sumergida es uno de los grandes problemas a los que se tienen que enfrentar los autónomos y así lo han reflejado en la encuesta del barómetro del trabajo autónomo”.

Por su parte, los técnicos de Hacienda (Gestha) aseguran que el proyecto de ley de lucha contra el fraude aprobado por el Gobierno “se queda corto”, al no recoger medidas contundentes, y, en contra de lo ya se había anunciado, es que “no conseguirá terminar con la popular frase ‘con IVA o sin IVA”.

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