El nuevo ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha vuelto a destapar la caja de truenos: ¿Debe el Estado dar el visto bueno a los presupuestos que se aprueban en los parlamentos autonómicos? Unos días más tarde, el ejecutivo de Rajoy hacía público que pretende sancionar a aquellas regiones que no cumplan los objetivos de déficit. Un debate que se reabre con un mapa político en el que el Partido Popular tiene el poder en la mayoría de las 17 autonomías españolas, pero que cuenta con dos excepciones destacadas: el País Vasco y Cataluña
“El Estado debe de dejar de tratar a las Comunidades Autónomas como a menores de edad”, reclamaba la semana pasada el President de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Y es que el recién estrenado gobierno del PP investiga cómo recortar para darle solvencia a las cuentas públicas y ha encontrado en los gobiernos autonómicos su solución. Mariano Rajoy quiere suprimir organismos públicos en un país que mantiene desde ayuntamiento hasta el ejecutivo central, pasando por gobiernos autonómicos y diputaciones.
Una situación que en tiempos de bonanza económica se puede mantener, pero que queda amenazado cuando las Comunidades Autonómas presentan graves problemas de liquidez. Sin ir más lejos, la agencia de calificación de riesgos Moody’s rebajaba la deuda de trece Comunidades Autónomas el pasado 12 enero y en concreto, la deuda de la Comunidad Valenciana quedaba relegada a “bono basura”. Esta falta de dinero público supone un grave problema: cumplir con los objetivos de déficit mientras se prestan los servicios sociales que marcan sus competencias.El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro ha mandado un mensaje de calma. Según Montoro, el Estado no pretende en ningún caso eliminar la autonomía económica, pero sí se castigará a las regiones que no cumplan su objetivo de déficit por falta de medidas de austeridad; es decir: a todo el que incumpla sin haber aplicado recortes. Esta medida sería fácilmente aplicable, ya que tan sólo haría falta que la famosa reforma exprés de la Constitución aprobada el pasado verano para cifrar el techo de gasto del Estado, se aplicará también a las Comunidades Autónomas.
Las televisiones públicas, más cerca de la privatización
Otra de las puertas abiertas son las televisiones públicas ya que el Gobierno quiere frenar el vacío que muchas provocan en las cuentas autonómicas. Para ello, Soraya Sáenz de Santamaría declaraba tras el Consejo de Ministros del viernes que intentan “ampliar la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan elegir libremente el modelo de gestión de los canales autonómicos”.
Y es que en total, se cifra en 2.500 millones de euros la deuda que provocan y en 800 millones, el conjunto de subvenciones que reciben. Por ello, tal y como el Partido Popular apuntaba en su campaña electoral, el ejecutivo central valora la opción de privatizar, al menos una parte de la financiación de las televisiones públicas regionales mediante la reforma de la Ley de Comunicación Audiovisual.
De momento, Sáenz de Santamaría ya ha anunciado que se han pedido informes “más urgentes” para preparar el anteproyecto y que éste se pueda aprobar en las Cortes con la mayor brevedad posible. El objetivo principal, apuntaba la portavoz del Gobierno, es que el coste de los canales públicos no afecte tanto al bolsillo del contribuyente.
Rajoy: “El Gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer”
Aunque se le ha visto poco desde que fue nombrado presidente, Mariano Rajoy se muestra contundente cuando aparece ante los ciudadanos: “El Gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer para mejorar la reputación de España y para crecer y crear empleo. Lo tenemos muy claro y lo vamos a hacer”. Unas palabras que invitan a tranquilizar a los ciudadanos y especialmente a los mercados, después de que Standard&Poor’s rebajara de nuevo la calificación de la deuda española.
En la convención del PP andaluz, donde el próximo 25 de marzo el partido se juega gobernar Andalucía por primera vez en Democracia, también ha justificado los recortes que su ejecutivo va a llevar a cabo: “Hemos tomado decisiones y las vamos a seguir tomando aunque sean difíciles. Trataremos de explicarlas: no hay otra alternativa”. Por eso mismo, Rajoy avanza que en pocas semanas habrá nueva ley de estabilidad presupuestaria y con ella, el gobierno aclarará qué medidas concretas aplicará para reducir los problemas autonómicos.
Lo que sí está claro es que se reducirán los 4.000 entes públicos que hay ahora mismo en España. La duda está en cómo obligarán a las Comunidades Autónomas a que se aprieten el cinturón, sin que más de una, se vuelva contra el ejecutivo central.
Temas: Comunidades Autónomas, Crisis económica, Gobierno español, Mariano Rajoy, PP, Recortes, Televisión Pública
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